El día de ayer, 24 de abril de 2017, fue emitido el Reporte Global sobre Crisis Alimentarias 2017, elaborado por un grupo de agencias internacionales agrupadas bajo la Red de Información de Seguridad Alimentaria (FSIN, por sus siglas en inglés) entre las cuales está incluida la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) y UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia). En dicho reporte se presenta un estudio sobre seguridad alimentaria realizado en 48 países, aclarando que en naciones con insuficiente evidencia y data no permitieron al equipo realizar estimaciones aceptables para los siguientes países: Bolivia, Cuba, República Dominicana, El Salvador, Eritrea, Kyrgyzstán, Pakistán, Papúa Nueva Guinea, Filipinas, República del Congo, Sri Lanka, Timor-Leste, Vanuatu y Venezuela.
Llama la atención que las delegaciones de FAO y UNICEF en Venezuela, que han constatado la situación actual en trabajos de campo local y tienen representantes en terreno, omitan la verdadera situación, «por no tener acceso a datos».
Por otra parte, el reporte hace mención de ciertos lugares del planeta donde existe un deterioro de la seguridad alimentaria, debido a la disminución y pérdida de las cosechas de alimentos, así como lugares donde existe un conflicto armado importante, como el caso de Siria. Al final de esta sección, donde se explicarían las causas del deterioro de la seguridad alimentaria, se realiza una tímida mención del deterioro de la situación económica de Venezuela, la cual podría causar escasez severa en los bienes de consumo, incluyendo alimentos y medicinas, e indicando que Venezuela es uno de los países que necesitaría ser monitoreado. Sin embargo, en la lista de países que necesitan vigilancia y monitoreo, no aparece Venezuela.
Ante este reporte, el Observatorio Venezolano de la Salud (OVS), el Centro de Estudios del Desarrollo de la UCV (CENDES), la Fundación Bengoa para la Alimentación y Nutrición, la Fundación 5 al Día, el Centro de Investigaciones Agro-Alimentarias de la Universidad de Los Andes (CIAAL), y el Colegio de Nutricionistas y Dietistas de Venezuela, agradecen la mención del problema venezolano, pero aclaran lo siguiente:
- La escasez de medicamentos y alimentos llegó y se instaló desde hace varios años en el país. Solo en 2016 hubo 120 casos de desnutrición severa en el Hospital de Niños JM de Los Ríos, el centro pediátrico más importante de Venezuela, y estudios de varias ONG confirman la progresividad de una crisis alimentaria de instalación lenta, que se ha agudizado en los últimos tres años, por lo tanto, no es cierta la aseveración de que la escasez de alimentos y medicamentos «podría instalarse» en el país.
- Los trabajos de la comunidad científica-académica venezolana existen y están publicados. Existe además data oficial sin publicar y documentos de las diferentes ONG que han trabajado arduamente en la vigilancia para producir datos en momentos tan difíciles.
- Exhortamos nuevamente a las agencias internacionales a recordar el mandato del Sistema de Naciones Unidas, «Derechos Humanos Primer Lugar» -Human Rights Up Front- publicada por el entonces Secretario General Ban Ki Moon en 2013, en la que se exhorta a las agencias del Sistema de Naciones Unidas a que asuman como prioridad la protección de los derechos humanos y de la población civil, tal y como está establecido en la Carta de las Naciones Unidas y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta iniciativa de carácter preventivo intenta que la población civil no sufra daños en condiciones que pueden prevenirse.
Lamentablemente en Venezuela este mandato no se cumplió, la población civil ha sufrido daños, algunos irreparables, como la pérdida de la vida por desnutrición, y mucho menos se ha realizado prevención. ¿Cómo iba a realizarse si en medio de la más profunda crisis venezolana ocurre el alerta y se insiste en que sólo «podría ocurrir»?
Caracas, 25 de Abril de 2017
